El encuentro internacional estuvo compuesto por jornadas de exposiciones y mesas de trabajo que permitieron el intercambio de experiencias con expertos de Colombia, Perú, España y Bolivia; además de contar con la participación de organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), cuyo alto nivel de experticia enriquecieron significativamente los conocimientos de los operadores del sistema de justicia penal boliviano.
En las mesas de trabajo se advirtieron desafíos importantes en la investigación y la sanción del delito de LGI, así como la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas de jueces, fiscales y policías investigadores para combatir de manera efectiva al crimen organizado.
La directora general ejecutiva de la UIF, Ana María Morales Amonzabel, manifestó que “definitivamente esta actividad ha marcado su importancia para avanzar hacia un sistema judicial sistematizado y fortalecer la justicia nacional en contra de la delincuencia organizada trasnacional y el lavado de activos, que coadyuve a castigar los crímenes que además vulneran los derechos de la sociedad y arremeten contra la seguridad de la comunidad en general”.
“Estas experiencias de los diferentes expositores permiten construir escenarios positivos ante la evaluación internacional que determina estándares y que tienen una vinculación de lo que espera la sociedad de nosotros, buscar sanciones efectivas ante grandes organizaciones criminales”, añadió la viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra La Corrupción, Susana Ríos Laguna.
En la clausura, Directora General Ejecutiva de la UIF dio lectura a las conclusiones que resumen los temas que se abarcaron y los compromisos que las instituciones asumen de ahora en adelante frente al crimen organizado y los delitos que conllevan. Esto además considerando que existen recomendaciones por parte de GAFILAT, siendo que el país será evaluado en el cumplimiento de las mismas y la revisión de los sistemas y mecanismos creados en cada país miembro para la prevención y el combate de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
